“En La Habana no nos están escuchando”: Francia Márquez, líder afrodescendiente del Cauca

Francia Márquez, Premio Nacional de DD. HH., sostiene que el proceso de paz permitirá la expropiación de territorios en el Cauca para el beneficio de unos pocos.

Francia pronto cumplirá dos años como desplazada. Fue en 2014. Los cerca de 6 mil habitantes del Consejo Comunitario de La Toma, en zona rural de Suárez, Cauca, venían protestando desde 2009 porque el Gobierno  había otorgado títulos mineros a varias empresas multinacionales y a foráneos en sus territorios sin haber consultado con ellos. Los acreedores de los títulos, además, solicitaban el desalojo de la zona de los mineros ancestrales. Dichos desalojos fueron concedidos por la Agencia Nacional de Minería, antes Ingeominas.

“Eso fue ilegal”, dice Francia. La Constitución obliga a la protección de la diversidad étnica y cultural de la Nación y ordena que en zonas habitadas por pueblos indígenas o tribales, se debe aplicar la consulta previa en cualquier situación que afecte a los pobladores, lo que cobija también el otorgamiento de un título minero.

 Para 2010 el Consejo Comunitario de La Toma instauró una tutela que terminó con la suspensión, no la anulación, de los 13 títulos  entregados a empresas como la Anglo Gold Ashanti, Cosygo y Panamerica Ltda., y a  los señores Héctor Sarria y Raúl Fernando Ruiz. Aquella decisión de un la Corte Constitucional coincidió con la aparición de amenazas contra miembros del consejo comunitario que lideraban la oposición a las actividades mineras a gran escala.  Las amenazas eran firmadas por grupos que se hacían llamar a sí mismos 'Las Águilas Negras', 'los Rastrojos' y, en los últimos meses, “las Bacrim”, quienes  a través de mensajes de texto afirmaban que iban a asesinar a quienes se oponían al "desarrollo y a la entrada de las multinacionales al Cauca". 

"Como no han podido sacarnos de nuestros territorios, de manera aparentemente legal se ha iniciado un proceso de minería que es ilegal", dice Francia. Se refiere a hombres que, amparados por gurpos armados, llegaron con varias retroexcavadoras hasta La Toma, se instalaron en el río Ovejas - que atraviesa el pequeño poblado - y empezaron a sacar oro y a contaminar de mercurio las aguas. 

En abril del año 2010 ocho personas dedicadas a la minería tradicional fueron asesinadas en las márgenes del río Ovejas por desconocidos. Una persona que hacía parte del grupo sobrevivió luego de hacerse el muerto.   “Eso fue lo que pasó. Nosotros evitamos que nos desalojaran de nuestros territorios para que las multinacionales explotaran, pero llegaron actores armados bajo los cuales se amparan mineros ilegales. Y con ellos llegaron amenazas, llegó muerte, llegó la zozobra”, dice Francia.

Para 2014, las constantes denuncias de la Defensoría y de organismos internacionales, además del derrumbe de una mina ilegal ubicada en Santander de Quilichao, que cobro  la vida de de 13 personas, hicieron que el Gobierno nacional se comprometiera a parar la minería ilegal en el norte del Cauca. Varias de las máquinas que se usaron fueron inmovilizadas por Fuerza Pública durante varios meses, sin embargo, otras máquinas  empezaron a llegar a otros territorios de las comunidades negras.

La destrucción de esa maquinaria, por otra parte, ha hecho que los mineros ilegales amenacen a las comunidades afro afirmando que tienen  que pagarles las máquinas que han perdido por culpa de las denuncias. 

A Francia, además, la intentaron sobornar. La llamaron a su celular para decirle que si ella como representante del consejo comunitario de La Toma, permitía la explotación minera, podría tener algo de las ganancias. Se negó. En junio de 2014 recibió la primera amenaza directa a la vez que varios miembros de la comunidad de la Toma empezaron a recibir amenazas contra sus hijos.

En septiembre de ese año junto a otras líderes afro organizaron una marcha para que el Gobierno tomara cartas en el asunto. Se trató de la Movilización de Mujeres Negras por el Cuidado de la Vida y los Territorios ancestrales del Norte del Cauca, y dos meses después Francia y sus compañeras fueron nuevamente amenazadas. Tuvo que salir de ese pueblo, de su tierra, la de sus padres, con sus hijos.

Un año después, en septiembre de 2015, aún viviendo en el destierro, recibió el Premio Nacional de Defensa de los DD. HH. por su lucha para defender los territorios de las comunidades negras en el Cauca. Aún no ha regresado.  

¿Cuál es la situación qué se está viviendo actualmente por cuenta de la minería ilegal en el Cauca?

Es muy grave. En 2014 se estableció por parte de la Gobernación del Cauca que había al menos 2000 retroexcavadoras por todo el departamento haciendo minería ilegal. Eso es demasiado y resulta que uno se pregunta, ¿cómo llegaron esas retroexcavadoras a esas zonas, si para que transiten deben tener permisos especiales? Obviamente, llegaron por la vía Panamericana desde donde luego fueron llevadas a los lugares en que se practica la minería ilegal. 

Uno podría pensar entonces que hay participación de funcionarios estatales...

Sí. Una retroexcavadora requiere permisos especiales para ser movida, entonces uno no se explica cómo pasó por los retenes del Ejército y de la Policía y llegó hasta las zonas altas de los ríos. 

¿Cuáles son las zonas de más afectación?

El norte del Cauca. Los municipios como Caloto, Guachené,  Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez son los más afectados, y lo peor es que parece que el Gobierno no está interesado en frenar el fenómeno. Mire, el daño ambiental que se está generando es inmenso y eso no se ha podido visibilizar por una razón muy simple: a esos lugares en donde hay presencia de grupos armados y también se hace minería ilegal no se puede acceder. No se permite que se tomen fotos ni que ningún extraño se movilice por esas zonas.

Pero además de los daños ecológicos están los daños sociales. No es una mera coincidencia el aumento de amenazas y de presencia de grupos paramilitares o bandas criminales en el Cauca a la par que la explotación minera ilegal crece. Y con todas esas amenazas vienen los desplazamientos y los homicidios. 

En La Toma, de donde yo soy, ya somos tres líderes desplazados con toda nuestra familia, y el resto de la gente de alguna manera está en un estado de confinamiento, porque no se pueden mover libremente. Eso ha generado una fragmentación muy fuerte e incluso ha hecho que las costumbres se pierdan. Para nosotros el río es todo, porque nos provee todo, y ahora no se puede pescar. Incluso, ha habido temporadas en las que uno no se puede acercar al río por los temores a perder la vida. 

En abril ustedes se tomaron la vía Panamericana protestando contra la minería ilegal, ¿qué están exigiendo?

Estamos pidiendo que el Gobierno Nacional cumpla con los compromisos adquiridos con la comunidad. Cuando nosotros instauramos la tutela contra los títulos mineros y luego de que realizáramos una marcha en septiembre de 2014, el gobierno nacional en cabeza del Ministro del Interior se comprometió a parar la minería ilegal en el departamento, a realizar un estudio sobre los impactos de la minería en los territorios de comunidades negras, a implementar las órdenes de la Corte Constitucional en materia de protección de las comunidades afrocolombianas. El Ministerio de Minas dijo también  que el tema de suspensión o nulidad de los títulos mineros los discutirían con la Cumbre Agraria Étnica y Popular. Pues hasta ahora eso solo se quedó en promesas  y entonces decidimos, de nuevo, manifestarnos. 

 Cuando le planteamos a la Viceministra de Minas que los títulos estaban suspendidos pero que no estaban anulados y lo que pedíamos era eso, ella nos respondió que el tema de las titulaciones no estaba en discusión. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿En cualquier momento los acreedores de los títulos pueden recibir un fallo favorable por parte de un juez y venir a desalojarnos para explotar nuestro territorio? Lo peor es que e termina la reunión con estos funcionarios y no habían pasado 12 horas cuando recibí un mensaje texto a mi celular con una nueva amenaza de muerte contra mi vida y la de otros dos compañeros. Decían que nos van a  “dar de baja” por estar oponiéndonos “al desarrollo”. ¿Coincidencia? No sé.

Y la marcha del 20 de mayo ¿qué objetivos tuvo?

También fue una marcha organizada para llamar la atención sobre el daño que la minería ilegal le está haciendo a nuestras comunidades y sobre todos los obstáculos que tenemos para hacer valer nuestros derechos. A nosotros como comunidades afro nos están irrespetando el derecho a nuestro territorio, a nuestras costumbres, y esa irrespeto viene tanto por parte de grupos ilegales como por parte del Estado que no solo no está haciendo lo suficiente para defendernos sino que está entregando nuestra tierra a la explotación sin pensar en la vida de nuestras comunidades.  Todo esto es “un estado de cosas inconstitucionales” que evidencia el racismo estructural existente en Colombia.

 En la actualidad, ¿cómo es la situación específica de La Toma?

La comunidad continúa resistiendo para no ser desalojada, a pesar que a mí me toco salir.  En febrero de 2015 un juez de Popayán profirió una medidas cautelares y ordenó a la Fuerza Pública sacar toda la maquinaria pesada que hubiera sobre el rio Ovejas en el territorio ancestral de la Toma, y aunque realizaron varios operativos, no lograron parar la minería ilegal. Solo hasta octubre de 2015 los mineros ilegales decidieron salir pero porque encontraron en el sur del Cauca otro sitio donde realizar la actividad ilegal.

En estos momentos no hay retroexcavadoras pero continúa la persecución contra los líderes y lideresas que deben pagar las maquinas destruidas e incautadas. El 27 Abril, mientras estábamos en la Panamericana exigiendo la garantía de nuestros derechos, unos hombres a bordo de una motocicleta sin placas fueron a buscar a mi hermana y a una prima, por fortuna, ellas no estaban. ¿Quiénes eran? En una zona donde todo el mundo conoce a todo el mundo, ellos eran desconocidos. Entonces, ahora mismo no hay minería ilegal a gran escala, pero las amenazas están. El Gobierno no ha hecho los estudios sobre afectaciones al medio ambiente y a la salud a los que se comprometió y no ha ofrecido protección colectiva como también se comprometió.

Ahora bien, el otro problema es que aunque en La Toma la minería ilegal esté parada temporalmente, el fenómeno se sigue fortaleciendo y expandiendo incluso para el sur del Cauca. Es que hace cinco años la minería ilegal no se veía como se ve ahora en Guachené o en Caloto, o en El Tambo, y ahora hay retroexcavadoras por todas partes y el Gobierno parece no enterarse de nada.

Usted hizo parte del grupo de víctimas que viajaron a La Habana para discutir el proceso de paz con las Farc. ¿Cómo analiza los diálogos en el contexto del Cauca?

Todos queremos que se firme un fin del conflicto, pero la verdad es que este proceso tiene muchos intereses económicos y se está haciendo para favorecer, sobre todo, a empresarios. Hay cosas que no se están discutiendo en La  Habana que son muy importantes para el departamento del Cauca, tanto para las comunidades indígenas como para las comunidades negras. Por ejemplo, el tema de la minería no se está discutiendo. El 60 % del departamento está proyectado para la explotación minera, ¿y eso qué significa? Pues el antecedente de La Toma lo explica, significa que muchas multinacionales podrán exigir el desalojo de grandes extensiones de tierra para realizar la explotación a sus anchas, y eso no se está discutiendo...

  ¿Pero no cree que el desarrollo minero, si se hace responsablemente, es conveniente para todo el país?

Es que los antecedentes no son buenos, y yo no creo que las multinacionales sean responsables. Han usado el discurso de erradicación de la pobreza y el desarrollo pero lo único que han generado es más empobrecimiento, Mire, la Salvajina queda en el municipio de Suarez, a un lado de La Toma. Cuando la construyeron nos dijeron que íbamos a tener agua potable, energía gratuita, centros de salud y carreteras para mejor acceso. Hoy por hoy eso no ha pasado.

Estamos a un lado de la Salvajina y no tenemos agua potable, no tenemos centros de salud, y pagamos la energía más cara del país aunque tenemos el servicio más malo; nos limitaron la movilidad y las carreter del municipio de Suárez son pésimas. Entonces, ¿cómo creer cuando hay estos antecedentes? Las comunidades indígenas tienen estos mismos reparos frente al proceso, pero la verdad es que el Gobierno no está escuchando a los pueblos indígenas y afrodescendientes frente a su exigibilidad para participar en el proceso de paz, está olvidando que como pueblos étnicos hemos vivido la violencia de manera desproporcional e histórica. No es posible construir una Paz si no se garantiza la participación de los pueblos étnicos, si no se garantiza la protección de sus derechos étnicos territoriales, si no se afronta el racismo estructural.