Crisis política: ¿quién responde?

La incapacidad del gobierno para construir consensos y la indiferencia del Congreso ante las necesidades del país marcan un cierre de gestión cargado de frustración y desencanto. De cara a 2025, el panorama se presenta sombrío. El 2024 deja a Colombia frente a un dilema político persistente: un presidente empeñado en reformar el país y un Congreso atrapado entre el clientelismo y la parálisis.

Una vez más, se evidencia la profunda desconexión entre la clase política y las necesidades de la ciudadanía, una fractura que amenaza con condenar al gobierno a la irrelevancia y al país a un estancamiento crítico.

El reciente rechazo del Congreso a la reforma tributaria del Ejecutivo -que pretendía recaudar 12 billones de pesos para cubrir el déficit de 2025- asestó un golpe contundente al gobierno. Como resultado, el Ejecutivo deberá considerar recortes en sectores clave. A este revés se suma la previa renuncia de Ricardo Bonilla, uno de los escuderos más leales del presidente, en medio de acusaciones de corrupción, lo que ha terminado por agravar aún más el ya frágil panorama político.

Un año más del gobierno en números rojos confirma un balance negativo. La agenda de reformas de Petro -salud, pensiones, transición energética y paz total- naufragó entre la falta de pragmatismo. En lugar de priorizar iniciativas capaces de generar consensos, el gobierno optó por una estrategia polarizadora, alienando incluso a sus aliados naturales.

El Congreso tampoco está exento de responsabilidad. Desde el inicio del gobierno, ha actuado más como un obstáculo que como un contrapeso constructivo. Entre prebendas e inacción deliberada, la mayoría de legisladores parece apostar al desgaste político del Ejecutivo. Hoy el Congreso parece más preocupado por alinear fuerzas para las elecciones de 2026 que por atender las urgencias del país.

El resultado es un cierre de gestión marcado por la frustración y el desencanto. De cara a 2025, el año previo a las elecciones presidenciales, el panorama no ofrece mejores perspectivas. La falta de una mayoría estable augura un bloqueo legislativo perenne. Sin respaldo para sus reformas, el Ejecutivo podría verse obligado a depender de decretos y medidas administrativas. En este contexto, las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo podrían intensificarse, con consecuencias como bloqueos presupuestarios, interpelaciones ministeriales o intentos de destitución.

Una confrontación más profunda entre poderes desestabilizaría aún más las instituciones y ahondaría la incertidumbre económica. Ante este escenario, el gobierno podría redirigir esfuerzos al nivel regional, priorizando programas sociales e inversiones en infraestructura que no requieran aprobación legislativa. Este enfoque buscaría mantener el impacto político y preservar su base electoral a 2026.

No obstante, el desgaste político se profundizará. Escándalos de corrupción, tensiones internas y la percepción de un gobierno alejado de su promesa de cambio podrían detonar movilizaciones masivas o llamados a adelantar elecciones, con el riesgo de violencia que estas situaciones han implicado en Colombia. Más allá de los fracasos legislativos, el gobierno enfrenta un problema de coherencia.

Su discurso de dignidad y transparencia choca con decisiones cuestionables, como la conformación de un gabinete plagado de funcionarios sin experiencia, un manejo diplomático deficiente y una falta de claridad estratégica. Estas inconsistencias refuerzan la percepción de un gobierno incapaz de cumplir con las expectativas que lo llevaron al poder.

El 2024 reafirmó la incapacidad de la política colombiana para enfrentar los desafíos del país. 2025 será decisivo, por ser la antesala de las elecciones presidenciales y porque definirá si el país profundiza en una parálisis dañina. Mientras tanto, el gobierno como el Congreso parecen más preocupados por los cálculos electorales que por resolver los problemas estructurales. El tiempo apremia y la paciencia de los colombianos está al límite.