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Período post-Petro
El 8 de agosto de 2026, los colombianos podremos apreciar finalmente lo que destruyó el ‘gobierno del cambio’...
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Ocurren tantas cosas y tan rápido en el país que no alcanzamos a entender las consecuencias de un suceso cuando ya ha ocurrido otro. Lo anterior deja de ser novedad, y la opinión pública olvida lo anterior y se vuelca a lo más reciente.
Luego del desastroso consejo de ministros, quedó claro que no hay gobierno. No obstante, como los toros aquerenciados, este gobierno terminará dirigiéndose a los toriles, no sin antes, de manera peligrosa y retrechera, embestir a diestra y siniestra, llevándose lo que encuentre en el camino. La conclusión es que el daño a la institucionalidad aún no ha terminado. El gobierno aún tiene fuerza para destruir, aunque no para imponer en 2026 a uno de sus protegidos.
El ambiente preelectoral y electoral condicionará las conductas del Ejecutivo, al vaivén de las encuestas, de forma tal que, si el gobierno baja en su favorabilidad, las actuaciones serán más temerarias y destructivas. Afortunadamente, si ese fuera el caso, el gobierno se haría más tóxico y los congresistas y los partidos distintos al Pacto Histórico se desmarcarán de él. Esto significará una menor capacidad de daño institucional.
Al final, el 8 de agosto de 2026, los colombianos podremos apreciar finalmente lo que destruyó el ‘gobierno del cambio’, pero desde ya debemos pensar que hacer en el período post-Petro.
Las acciones que deberemos implementar como país pueden agruparse en varios ejes. En primer lugar, la seguridad. Esto requerirá restituir las capacidades técnicas, operativas y anímicas de las Fuerzas Armadas. Tendremos que volver a un ‘Plan Colombia’ con los EE. UU. y la comunidad internacional. De la mano de la seguridad, deberemos luchar frontalmente contra el narcotráfico. No son suficientes las incautaciones; se deberán reducir las áreas de cultivo mediante la fumigación aérea.
En segundo lugar, el déficit fiscal. Tendremos que reducir el tamaño y gasto del Estado a como dé lugar. Esto implicará reducir, fusionar y cerrar programas y entidades. Ministerios como el de la Igualdad y entidades como la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo deben pasar por una reorganización extrema, así como otras entidades deberán reducir sus gastos de funcionamiento.
Como un tercer eje, se deberá restablecer la confianza de los inversionistas para atraer capitales y tener más empresas y más empleo. Lo anterior implicará una reforma tributaria en la que se reduzca la tributación empresarial y se fomente la inversión, como en su momento se hizo con la deducción por inversiones en activos fijos productores de renta. Esto deberá ir de la mano con la aplicación de un IVA general, con devoluciones del IVA a la canasta familiar para los de menores ingresos. La consigna será eliminar la informalidad y la economía en la sombra.
Como cuarta medida, debemos aplicar la máxima ‘Drill, Baby, Drill’ y fomentar sectores clave de la economía. Hay que extraer todo el gas, petróleo y carbón que podamos. Para ello, se debe flexibilizar el trámite de las licencias ambientales y las consultas previas. Igualmente, se deben fomentar sectores como el de la construcción y la infraestructura.
Sumado a todo lo anterior, tendremos que reconstruir el sistema de salud y, sobre todo, la capacidad técnica del Estado. La tarea no será fácil.
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