Violación de topes

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió abrir investigación formal y elevar pliego de cargos contra la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales y presunta financiación ilícita en el 2022. La transparencia de las campañas políticas es uno de los elementos esenciales para garantizar la democracia.

Si la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ya manifestaron el año pasado que la investigación le corresponde al Consejo Nacional Electoral, llama la atención el afán de poner el expediente en manos del representante Alirio Uribe, investigador designado para el caso y militante del Pacto Histórico, quien debería estar inhabilitado para investigar al presidente. La investigación de la campaña Petro en el CNE, es de naturaleza electoral, no penal ni disciplinaria, siendo lógico que sea tramitada por el Consejo y no por la Comisión de Acusaciones, que no tiene competencia de juez electoral.

Las investigaciones no pueden quedar reservadas para los perdedores. Existen numerosas evidencias de que se habría violado el régimen de financiamiento electoral. Frente a esta realidad, tienen que actuar las instituciones de nuestro Estado de derecho para establecer las responsabilidades que la ley impone. Será la investigación formal la que establezca si hay o no violación de topes. Si una campaña los viola, rompe el equilibrio del juego democrático y deslegitima el resultado. El ejercicio democrático exige a todos, en especial a quien ostenta la dignidad de jefe de Estado, esperar las decisiones de los tribunales y de los entes de control y no descalificarlas si no le son favorables al gobierno y efectuar ‘llamados a la calle’, que en nada contribuyen a la solidez institucional. Es un peligroso llamado a presionar las decisiones de las instituciones con protestas callejeras. Antes que alentar la revuelta social, Petro debería anticipar su acatamiento democrático a los procesos en curso.

Si no hubo delitos electorales, no se entiende el temor de Petro a que su campaña pueda ser investigada, como han sido investigadas otras campañas presidenciales, ¿o es que estas, y eventualmente a los presidentes, no se les puede investigar? El primer mandatario considera equivocadamente que todo intento de investigarlo o juzgarlo es una afrenta al pueblo que lo eligió y es un golpe en potencia.

La investigación de una campaña presidencial no es ningún golpe blando, pues el CNE solo tiene competencia para investigar las situaciones que se presentan en ellas. Por ello, debe permitirse que cumpla sus funciones constitucionales sin interferencias externas para que Colombia sepa la verdad. Si no dejan hacer las investigaciones, tampoco habrá certeza sobre la claridad del triunfo de Petro, el cual ha de ser limpio y transparente para que pueda ser reconocido por todos y considerarlo como un triunfo legítimo.

La victoria en las urnas no colocan a Petro por encima de las instituciones. No hay ningún golpe en marcha contra el gobierno. Es una mentira y un engaño haber hablado de un golpe de Estado para tumbarlo. Por el contrario, el golpe podrá ocurrir si el gobierno perturba las elecciones del 2026. Hay muchas señales para estar preocupados.

Lo que requiere Colombia hoy es que ni el Presidente de la República ni su gobierno se distraigan de su misión fundamental como es la de gobernar. Las supuestas intentonas golpistas no pueden seguir siendo un distractor recurrente para la tarea de dar solución a los varios problemas que a diario enfrentan los colombianos.