Futuro energético

El sector energético de Colombia atraviesa un momento difícil y quienes pagarán las consecuencias seguramente serán los usuarios, tanto del gas como de la energía eléctrica.

Gremios como Andesco hablan de una deuda de la Nación con las empresas que suministran el servicio de energía de más de $7 billones, esto por tema de los subsidios para los estratos más vulnerables y de la opción tarifaria que el Estado acordó asumir, entre otras razones.

Aunque el Ministerio de Hacienda se ha comprometido a hacer pagos por $1 billón en los próximos meses, para ponerse al día con los subsidios, eso no deja tranquilas a las empresas. Incluso se ha insinuado la posibilidad de un apagón, en especial en la Costa Atlántica donde las altas tarifas tienen agobiados a los ciudadanos.

La actual situación deja varias preocupaciones: la posibilidad de un efecto dominó que pueda desestabilizar toda la cadena de suministro eléctrico, dado que las empresas al operar con márgenes reducidos podrían tener problemas de liquidez.

De igual forma, el debate sobre el esquema tarifario ha generado una gran incertidumbre en el sector. La posibilidad de que el Gobierno intervenga para modificar las tarifas, bajo el argumento de proteger a los consumidores, ha sido recibida con preocupación por las empresas del sector. Si bien es innegable que el costo de la energía es un problema para los hogares y las industrias, la solución no puede ser una regulación improvisada que ahuyente la inversión.

Las tarifas de energía deben reflejar los costos reales de generación, distribución y comercialización, de lo contrario, se crea un desbalance que desincentiva la inversión en infraestructura y nuevas tecnologías.

Si el Gobierno no actúa con rapidez y responsabilidad, el sector energético podría entrar en una crisis de grandes proporciones. La combinación de deudas impagas, intervención en tarifas y reducción de la inversión podría derivar en un colapso estructural que afectaría a todos los colombianos. Un sistema energético debilitado no solo impacta el suministro de electricidad, sino que también afecta la competitividad del país y la confianza en su estabilidad económica.

A esto se suman los problemas con el gas natural que otrora se ‘vendió’ como la solución económica y ambiental. Ahora, las importaciones realizadas, y las que vendrán este año, por la reducción en la producción nacional, significará alzas en las tarifas, hecho que ya se está viendo en algunas ciudades.

Las señales de alarma están claras y requieren soluciones de fondo. El Gobierno debe priorizar el pago de sus compromisos, garantizar un esquema tarifario sostenible, en que haya un consenso de los diferentes actores, y generar confianza para no frenar el sector, al tiempo que avanza en el proceso de transición energética.

Si no se toman decisiones responsables, Colombia podría enfrentarse a una crisis energética que sería difícil de revertir y cuyos efectos se sentirían en todos los ámbitos de la sociedad.