Las alertas en el Valle

Una de las razones por las que la crisis humanitaria que se registra en el Catatumbo alcanzó las dimensiones que hoy el país está lamentando es porque no se atendieron las alertas que la Defensoría del Pueblo emitió en varias ocasiones, denunciando la presencia de actores armados ilegales en esa zona de Norte de Santander.

De ahí la urgencia de que el Gobierno Nacional, el aparato judicial y la Fuerza Pública no se queden de brazos cruzados ante las cerca de 20 advertencias que en los últimos meses ese organismo ha hecho en relación a eventos que están ocurriendo en el Valle del Cauca. Atender esos llamados es imperante para garantizar la protección de los Derechos Humanos de las comunidades afectadas.

Es evidente que la seguridad en varios municipios de la comarca se ha deteriorado por cuenta de la proliferación y el fortalecimiento de grupos armados ilegales en localidades como Jamundí y Buenaventura, pero también en zonas que se habían mantenido relativamente tranquilas durante los últimos años, como Pradera, Florida, Buga, El Cerrito y parte del norte del departamento.

La ruta de avance e influencia que han mostrado distintas facciones de disidencias de las Farc, escuadras paramilitares y bandas criminales está tan demarcada que algunas oenegés y centros de pensamiento con presencia en la región, tienen claro qué organización u organizaciones al margen de la ley están causando zozobra entre los habitantes de cada uno de esos municipios y cuál es la razón de su presencia allí.

Es así como en el caso de Pradera y Florida, poblaciones sobre las que la Defensoría del Pueblo acaba de emitir una alerta bajo el rótulo de riesgo de ‘Inminencia’, se sabe del asentamiento de facciones del Frente Adán Izquierdo y del Frente Dagoberto Ramos, las cuales están causando zozobra entre las comunidades, extorsionan y reclutan menores.

En las semanas recientes la alteración del orden público ha empeorado, según la Defensoría, debido al enfrentamiento de esas disidencias con otro grupo delincuencial derivado de las extintas Farc, el llamado Frente 57 ‘Yair Bermúdez’, que quiere hacerse al control de la Cordillera Central tanto en el centro del Valle como en el norte del Cauca, para apropiarse de las zonas de cultivos ilícitos y de las rutas del narcotráfico que la firma del Acuerdo de Paz de La Habana no logró exterminar.

Es por eso que en esta zona del país ya se habla, al igual que en el Catatumbo, de poblaciones desplazadas o confinadas y de asesinatos de líderes sociales, campesinos, indígenas y excombatientes de las Farc, así como de más menores de edad reclutados para la guerra. Sin duda un retroceso que hace temer el estallido de artefactos explosivos improvisados y la instalación de campos minados que siempre terminan afectando en mayor medida a las comunidades indefensas.

Pero lo más grave es que es un retroceso que se registra igualmente en el norte del departamento, debido al avance de integrantes del Clan del Golfo y de bandas dedicadas al narcotráfico y el microtráfico, el mismo que hace rato genera temor entre los bonaverenses y que ya aparece como una de las causas para el aumento de los homicidios en Cali.