En la Casa de Nariño se estaría evaluando poner fin al Ministerio de la Igualdad

En una reunión celebrada esta semana en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez discutieron la posibilidad de poner fin al Ministerio de la Igualdad a pesar de que la Corte Constitucional había dado al Gobierno la oportunidad de subsanar los errores que se cometieron en su ley de creación. Estas serían las implicaciones

El ministerio, creado casi que a la medida de la vicepresidenta, ha traído más problemas que soluciones para el gobierno Petro, pues tener que poner en marcha desde cero ha llevado a la necesidad de incurrir en muy altos costos, mientras que el porcentaje de ejecución presupuestal de la entidad es muy bajo, no pasa del 2,5%.

Incluso, la vicepresidenta se quejó al presidente, en el recordado consejo de ministros televisado, de que ella no hubiera podido ocupar un ministerio desde el comienzo del mandato y le hubiera tocado esperar a que se creara uno, en el que la mayor parte del tiempo se la pasó conformando la entidad.

Fuentes del Gobierno le confirmaron a Colprensa que, en la reunión entre Petro y Márquez, se puso sobre la mesa la posibilidad de acabar definitivamente con el Ministerio e incluso se conoció la propuesta de que las funciones que tiene actualmente pasaran a una entidad adscrita a la Vicepresidencia, para que esta se convirtiera en cabeza del sector en temas de niñez, juventud, madres cabeza de familia, comunidades afro, entre otros.

Esta decisión estaría enmarcada no solo en la poca ejecución del Ministerio de la Igualdad que es tan criticada, sino además por la decisión de la Corte Constitucional del pasado 8 de mayo del 2024 que declaro inexequible la Ley 2281 de 2023, por medio de la cual se creó esta cartera, por vicio de trámite en su formación.

Al determinar que no llevó a cabo el análisis del impacto fiscal, el Alto Tribunal determinó diferir los efectos de la decisión por un término de dos legislaturas, las cuales acabarían en junio del 2026.

Recursos por más de 1 billón de pesos

En términos de la ley, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry ve viable el fin de este ministerio en caso de que el gobierno Petro lo decida definitivamente.

“La Ley 489 de 1998 regula todo el tema de la estructura de la administración pública y se pone que para crear entidades se necesita ley, pero para modificarlas fusionarlas o suprimirlas lo puede hacer el gobierno”, explica.

El presidente podría definir junto a los sectores de Planeación y Hacienda cerrar el Ministerio mediante un decreto que firmarían los ministros.

Señala Charry que con esta decisión el gobierno podría agilizar el trámite que ordenó la Corte al declarar inconstitucional la ley que creaba este ministerio en el orden nacional. “El gobierno suprime el ministerio y la ley deja de tener efectos cuando cumpla el término que fijo la Corte”, agrega el abogado.

Teniendo claro este tema, el otro punto a discutir sería la propuesta de que las funciones que tiene el Ministerio de la Igualdad pasen a otra entidad bajo el ordenamiento de la Vicepresidencia, bajo este argumento Charry señala que este proceso sí debe pasar por ley, lo que significa que debe pasar todo el trámite legislativo y que sea aprobado en el Congreso.

Otro de los cuestionamientos que surgen alrededor de esta propuesta del fin del Ministerio de la Igualdad tiene que ver con el gran presupuesto que este ha tenido y que supera los 1.2 billones de pesos según el último recorte presupuestal y si esto generaría una pérdida de recursos, teniendo en cuenta que podrían pasar a una entidad mucho más pequeña.

Inicialmente, los recursos irían para pagar los compromisos legales en materia económica y presupuestal, lo que incluye empleados y demás costos administrativos hasta el momento que estuvieron en funcionamiento.

Sin embargo, a pesar del golpe político que este generaría a Francia Márquez, para Henry Amorocho Moreno, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, el cambio traería beneficios económicos para el gobierno en esta crisis fiscal.

Teniendo en cuenta de los recursos que tiene este ministerio, tras su eliminación no se perderían recursos, sino que por lo contrario se podrían trasladar estos dineros a otras entidades del estado que lo necesiten y que estas no se pierdan.

“Lo que queda como sobrante iría a financiar partidas de apropiaciones de otras entidades que tengan financiaciones en sus rubros presupuestales. Al quedar libres al liquidar las obligaciones, se pueden pasar a otras entidades como lo decida el Ministerio de Hacienda”, explica.

Frente a estos beneficios, lo que tendrán que evaluar el presidente y la vicepresidenta es el costo político de eliminar una entidad que era vista como un símbolo del cambio y terminó convertida en el símbolo de la falta de acción y los gastos innecesarios.