Estos fueron los temas que marcaron la política de Colombia en el 2017

El desarme de las Farc, la implementación legislativa de la Paz, la visita del Papa a nuestro país, el cese el fuego con el ELN, los escándalos del ‘Cartel de la toga’ y Odebrecht, lo más sobresaliente.

En poco más de un año, las Farc pasaron de ser un grupo armado ilegal a convertirse en una fuerza política que está lista para participar en las próximas elecciones.

Bajo la tutela de las Naciones Unidas, que desplegó una misión especial en el país, al inicio del año los colombianos se sorprendieron al ver caravanas de guerrilleros que se desplazaban desde distintos puntos del territorio nacional para concentrarse en las zonas veredales transitorias de normalización, donde finalmente se agruparon cerca de nueve mil excombatientes.

Luego, ONU, Gobierno y Farc se ocuparon de la logística necesaria para dar un paso fundamental tras la firma del Acuerdo de Paz: la entrega de las armas y las caletas de la guerrilla.

En el segundo semestre, tras recibir la personería jurídica, el partido político Farc realizó su primer congreso nacional para escoger sus directivos y sus ‘cartas’ para la Cámara y el Senado, a la vez que se ratificó a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, como su jefe único y candidato presidencial.

“El país todavía no sabe interpretar lo que ha pasado, tal vez pasarán unos diez años para que entiendan lo que significa que las Farc hayan dejado las armas”, señala el analista Andrés Fandiño, quien resalta que hoy el país es más pacífico.

Uno de los roles más importantes en la implementación del Acuerdo de Paz le correspondió este año al Congreso de la República, a través del mecanismo legislativo especial conocido como ‘fast track’, escogido para recortar los tiempos de trámite de las reformas constitucionales y leyes que se debían crear para permitir que las Farc pasaran de las armas a los votos.

Una de las reformas a la Carta Magna más importantes fue la Justicia Especial de Paz, JEP, que le otorgó 10 curules a los excombatientes de esa guerrilla (5 en Senado y 5 en Cámara) entre 2018 y 2026.

Entre las leyes que se aprobaron se cuenta el Estatuto de la Oposición, que duró más de 25 años para implementarse; la que le dio por primera vez vocería a las Farc en el Congreso, y la de Amnistía, que permitió la reincorporación a la vida civil de la mayoría de los miembros de la antigua guerrilla.

Los proyectos de ley que no fueron aprobados por la vía del ‘fast track’ serán tramitados el próximo año por la vía legislativa ordinaria.

Sin embargo, otras iniciativas tuvieron tropiezos. Tal es el caso de la reforma política, que se hundió, y la que creaba las 16 Circunscripciones Especiales de Paz, cuyo limbo jurídico aún no se aclara definitivamente.
Para el analista Andrés Fandiño, pese a lo anterior, el ‘fast track’ era el mecanismo más idóneo para tramitar la implementación de la Paz y responsabiliza al Gobierno Nacional por no tener el suficiente liderazgo en la última etapa de ese mecanismo para lograr aprobar todo el paquete legislativo que se requería para garantizar el cumplimiento de los Acuerdos más allá de quien llegue a la Presidencia de la República en agosto del 2018.

Tal vez el logro más importante de las negociaciones que el Gobierno adelanta en Quito con el ELN fue la declaración del cese bilateral al fuego que inició en octubre pasado.

Como se sabe, ese acuerdo vencerá el próximo 9 de enero, pero Jean Arnault, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, lidera las voces que piden que el mismo sea prorrogado, a lo que esa guerrilla no se ha negado del todo.

Lo cierto es que ese día iniciaría una nueva fase de conversaciones, ahora de la mano del exvicepresidente Gustavo Bell como jefe negociador del Gobierno, quien tiene la difícil misión de enfrentar los embates de la campaña electoral de 2018.

Uno de los momentos más complicados de los diálogos durante este año se vivió con el asesinato del gobernador indígena Catru Dubanza Ancoso en el Alto Baudó, el cual fue posteriormente reconocido como de su autoría por el ELN.

Jhon Marulanda, experto en seguridad y candidato al Senado del CD, indica que la salida del proceso de Juan Camilo Restrepo fue una muestra de que las negociaciones están en un escenario difícil y de que se deben replantear.

El 6 de septiembre, el papa Francisco arribó a Bogotá para una visita pastoral que duró cinco días y que no se registraba desde hacía 31 años, cuando Juan Pablo II vino a Colombia.

Bajo el lema ‘Demos el primer paso’, el Sumo Pontífice estuvo en Villavicencio, Medellín, Cartagena y Bogotá, donde entregó un mensaje de esperanza, perdón y reconciliación a cerca de siete millones de personas que asistieron a sus eucaristías.

De igual forma, miles de feligreses se congregaban cada día en las calles por donde iba a pasar el Pontífice para saludarlo, mientras otros 160 millones de ciudadanos en Colombia y el mundo también pudieron ‘acompañarlo’ en todos sus actos, gracias a una transmisión de televisión que marcó un hito en el país.

Monseñor Fabio Suescún, director de la visita papal, asegura que el impacto de la presencia de Francisco “fue muy grande, porque la gente manifestó su fe y pudieron saludar y escuchar sus enseñanzas invitándonos a la reconciliación y al perdón. Fueron días maravillosos y el impacto se debe dejar sentir a través del tiempo y especialmente ahora que vamos a iniciar un periodo de elecciones en el que debemos tener en cuenta sus enseñanzas con relación a la justicia, la armonía, la vida y el encuentro”.

En Medellín, el Pontífice se encontró con el clero y las religiosas colombianas y en Cartagena rindió homenaje a San Pedro Claver, apostol de los Derechos Humanos.

Agrega que el Pontífice gozó de “una acogida muy cálida de parte del pueblo colombiano. La gente se emocionó, vivió tranquila durante esos días y revivió la esperanza. Fue realmente un encuentro reconfortante para todos, que lo vamos a llevar siempre en el recuerdo y a agradecer como una bendición de Dios”.

Uno de los momentos más relevantes de la peregrinación del Pontífice tuvo lugar en Villavicencio, donde tras realizar la beatificación de monseñor Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y el padre Pedro María Ramírez Ramos, se encontró con algunas víctimas del conflicto y realizó una oración por la reconciliación nacional a los pies del Cristo de Bojayá.

El peor escándalo de corrupción que ha tocado las Altas Cortes inició el 27 junio de 2017 con la sorpresiva captura del jefe Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, por haberle solicitado dinero al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, para incidir en la investigación en su contra por el desvío de regalías regionales.

El ‘shock’ inicial aumentó cuando grabaciones hechas por la DEA a Moreno y Leonardo Pinilla develaron lo que se conocería como el ‘Cartel de la Toga’: una red de abogados dirigida, al parecer, por los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos, para direccionar procesos a cambio de millonarios pagos.

El senador Musa Besaile reconoció que pagó $2000 millones para frenar una orden de captura por ‘parapolítica’ y Álvaro Ashton tiene investigación por haber entregado $1200 millones al mismo ‘Cartel’.
Ricaurte, a su vez, fue llamado a juicio por esos y otros procesos y Bustos está respondiendo ante la Comisión de Investigaciones.

La Sala Penal de la Corte le pidió al magistrado Gustavo Malo que renunciara a su cargo, luego que la Fiscalía lo implicara en la trama.

Varios congresistas están siendo procesados por el escándalo latinoamericano de corrupción de la brasilera Odebrecht, que pagó $84.000 millones para asegurar el contrato de la Ruta del Sol II, un otro sí al convenio para la vía Ocaña-Gamarra y uno más de estabilidad jurídica, entre otros.

Son más de once líneas de investigaciones que toman en cuenta la contratación del túnel Tunjuelo-Canoas, el préstamo del Banco Agrario a Navelena y el convenio para la recuperación del Río Magdalena, sin contar con las investigaciones del Consejo Nacional Electoral a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, esta última ya archivada.

Por esa razón, el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales fue condenado a cinco años y dos meses de prisión, así como los hermanos Enrique y Eduardo Ghysais Manzur, que habrían creado una empresa en Panamá para recibir el dinero entregado al exviceministro.

Igualmente, fue capturado y asegurado el senador Bernardo ‘Ñoño’ Elías, quien está dispuesto a ‘prender el ventilador’ ante la Corte Suprema de Justicia, que investiga de manera preliminar a Plinio Olano, Musa Besaile, Antonio Guerra, Arleth Casado, Martín Emilio Morales, Sandra Villadiego, Alfredo Ape Cuello Baute, Álvaro Ashton, y Armando Benedetti.