Gobierno le mete 'acelerador' a la Ley de Orden Público para buscar la paz total

Tras casi ocho horas de debate, ayer las comisiones primeras de la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron de manera conjunta la reforma a la Ley de Orden Público, que le da el marco legal a la llamada ‘paz total’ propuesta por el presidente Gustavo Petro.

En efecto, dicha iniciativa tiene como objeto “definir la política de paz de Estado por la cual se consagran unos instrumentos para la búsqueda de la convivencia, la eficacia de la justicia y se dictan otras disposiciones”.

Según lo explicado por el coordinador ponente en el Senado, Ariel Ávila, el proyecto de ley pretende, entre otros temas, “definir la seguridad humana, la ‘paz total’ y las dos clases que pueden tener, las cuales son negociaciones con grupos armados y acercamientos con estructuras criminales”.

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En ese sentido, indicó que la ‘paz total’ se debe cimentar sobre cinco pilares: Negociaciones con el ELN, acogimiento a la justicia de organizaciones criminales, alternativas de sustitución de economías ilegales, diálogos regionales de paz y la implementación de los Acuerdos firmados con las extintas Farc.

De su lado, el presidente del Senado, Roy Barreras, anotó que “la Ley 418 es un instrumento útil y usado por todos los gobiernos. Esta ley se vence y hay que prorrogarla. La inmensa mayoría de las disposiciones de esta norma son las que rigen hoy el derecho colombiano” y alentó a los congresistas a apoyar las modificaciones.

En la práctica, en la jornada de ayer el Gobierno Nacional y la bancada oficialista lograron sacar adelante temas como la posibilidad de que el Ejecutivo apruebe la realización de diálogos de paz de carácter regional y la combinación del servicio militar obligatorio con el servicio social para la paz.

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En el artículo 9 se establece que “las organizaciones humanas que tengan presencia en Colombia que brindan protección y asistencia humanitaria a la población afectada por el conflicto armado o la violencia podrán tener contacto ocasional o continuo con grupos armados organizados al margen de la ley o estructuras de crimen organizado con fines exclusivamente humanitarios y con previa autorización del Presidente de la República”.

Al respecto, la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia sostuvo: “a nosotros nos preocupa el hecho de que le vayan a dar aval a estas organizaciones, a negociar casi que en nombre del Gobierno”.

Sin embargo, la representante por el Pacto Histórico Luz María Múnera pidió votar negativo la proposición de su homóloga uribista: “Las organizaciones de Derechos Humanos han garantizado la vida, la integridad al pueblo colombiano, a muchos sectores donde el Estado no ha llegado”.

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“Es un deber de toda persona obrar conforme al principio de solidaridad; no se está facultando a nadie para firmar la paz, solo se habilita para que las organizaciones humanitarias puedan tener contacto”, expresó sobre ese punto el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien acompañó todo el debate de las sesiones conjuntas.

Entre tanto, el exjefe negociador del Gobierno y hoy senador Humberto de la Calle dejó en claro sus observaciones al contenido general del articulado.

“Recordarle al Gobierno que se está discutiendo una ley y no una reforma constitucional. Ser claros en la continuidad de los acuerdos es clave para no caer en inconstitucionalidades. La capacidad democrática de futuros gobiernos no se pone en discusión. No se puede impedir que se introduzcan futuras modificaciones”, dijo.

Dejando en claro que votaba positiva la iniciativa, De la Calle puntualizó: “El camino con ‘Iván Márquez’ y las disidencias es la justicia ordinaria. Y si hay lugar para alivios deben ser tramitados por la Fiscalía General”.

Entre tanto, el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa planteó una proposición “encaminada a eliminar el parágrafo transitorio que pretende entregar unas facultades excepcionales al Presidente de la República. Lo menciono porque esa competencia tiene unos requisitos constitucionales”.

De su lado, Valencia también propuso que, de iniciarse una negociación formal con un grupo armado, el Gobierno debe informarle al país cada seis meses los avances de dicho proceso y dijo que “lo aprobado debilita las Fuerzas Militares”.

“Los procesos de paz en curso obligan a todas las ramas del Estado, lo cual es violatorio de los derechos de la oposición política”, planteó también la congresista y agregó que “eso equivale no solo a un fast track(..) porque eso era si lo pasaban a la ‘brava’ en el Congreso. Es que firmado por los criminales del Gobierno, todos los demás estamos obligados a cumplirlos, yo creo que eso está desbordando completamente las facultades del Ejecutivo y las facultades de este Congreso”.

Lo cierto es que el proyecto de ley fue radicado el miércoles de la semana pasada con mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional, que desea contar con ese instrumento legal antes del inicio de las negociaciones con el Ejército Nacional de Liberación, ELN.

Como se sabe, según voceros del Ejecutivo y de esa guerrilla, los diálogos estarían siendo retomados en la segunda semana de noviembre.

Tras agradecer el apoyo de la bancada oficialista y demás congresistas que votaron positivamente el proyecto de ley, se anunció que el mismo pasará a ser discutidos en las plenarias de las corporaciones en quince días, tal como lo dispone la ley.