En Colombia buscan que importadores de cigarrillos electrónicos se responsabilicen de los desechos de sus productos

El pasado 28 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca comunicó su decisión de admitir y dar trámite a la acción popular que presentó la ONG Red PaPaz en contra del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente), British American Tobacco, Inversiones Glu Cloud, Relx Latam, Import Skydrive y Colombia Trade House. Con esta acción se busca que MinAmbiente exija a los importadores de cigarrillos electrónicos que implementen todas las acciones para asegurar la recolección y disposición de los desechos que producen, con el fin de disminuir el daño ambiental. Asimismo, pretende también que se prohíba la importación de cigarrillos electrónicos de un solo uso.

De acuerdo con información del Dane, en Colombia, la importación de los cigarrillos electrónicos (mal llamados vapeadores), ha venido creciendo de manera constante. Según el Reporte de Importaciones de Cigarrillo Electrónico en Colombia - 2022, durante ese año, la cantidad de unidades que ingresaron al país varió de manera significativa entre enero (189.452 unidades) a noviembre (1.253.932 unidades). Las importaciones registraron un promedio mensual de 533.963 unidades. De estas, más del 50 % son dispositivos desechables de un solo uso. Sin embargo, como los productores e importadores no están obligados a presentar e implementar un sistema de recolección y gestión de desechos, no existen mecanismos efectivos para lograr su adecuada disposición, lo que lleva a que puedan ser tratados como residuos ordinarios, causando un grave daño ambiental.

Esta situación impacta gravemente el derecho a gozar de un ambiente sano a toda la población colombiana, en particular de niñas, niños y adolescentes, quienes asumirán el impacto de la contaminación ambiental producida por la disposición inexistente de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para RedPaPaz, Colombia debe adoptar una regulación que restrinja la oferta de cigarrillos electrónicos de un solo uso para reducir el impacto ambiental, según lo que promueve la Política Nacional de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

Por otro lado, en esta acción popular se expone que, alrededor del 65 % del valor de las importaciones de cigarrillo electrónico, se concentraron en dos empresas: British American Tobacco Colombia S.A.S. y Glu Vape, con participaciones de 47,3 y 18,1 %, respectivamente. Cabe destacar que las marcas de British American Tobacco Colombia S.A.S. son Vype52 y Vuse53, mientras que la marca de la empresa Inversiones Glu Vape es Glu-Cloud.

Se pudo constatar que el destino de las importaciones de cigarrillos electrónicos en Colombia, en su gran mayoría, van dirigidas a Bogotá D. C., seguido del departamento de Antioquia. Estos dos departamentos en conjunto concentran el 95,3 % del valor de las importaciones para 2022.

De acuerdo con el estudio académico ‘Importaciones de cigarrillos electrónicos durante el 2022 en Colombia’, el departamento de Caldas es en el que mayor porcentaje de personas consumen cigarrillos electrónicos, seguido de Antioquia y Bogotá.

Carolina Piñeros Ospina, directora ejecutiva de Red PaPaz, afirma que “los cigarrillos electrónicos, mal llamados vapeadores, están haciendo un daño que no logramos aún cuantificar, no solamente a la salud de niñas, niños, adolescentes, madres gestantes y lactantes, sino al ambiente. Creemos que quienes se lucran de este negocio deben asumir la responsabilidad sobre las afectaciones que generan”.

Finalmente, cabe recordar que actualmente en el Congreso de la República desde finales de 2022 se ha estado llevando a cabo el debate sobre un proyecto de ley que busca la regulación del uso de los vapeadores en Colombia. La propuesta central es que se actualice la Ley 1335 de 2009 (la cual prohíbe a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100 % libres de humo de tabaco), incluyendo en las medidas de control del tabaco a los cigarrillos electrónicos, que para muchos profesionales de la salud podrían causar graves daños en la salud.