Cuatro generales y 35 oficiales y suboficiales, quienes pertenecieron a la Brigada IV del Ejército con sede en Medellín, fueron imputados por la Jurisdicción Especial para la Paz por su presunta responsabilidad en 442 ‘falsos positivos’ ocurridos en Antioquia, entre los años 2004 y 2007.
Para llegar a este punto la JEP contrastó lo dicho por 146 antiguos miembros de las distintas unidades de la Brigada IV, libros oficiales con las notas de los programas radiales de los comandantes con sus tropas, las hojas y folios de vida de decenas de oficiales y suboficiales, y centenares de documentos operacionales aportados por los comparecientes o hallados en los archivos de la Brigada y de los batallones inspeccionados.
Sin embargo, durante la rueda de prensa en la que se confirmó la imputación, la magistrada Catalina Díaz dio a entender que las ejecuciones extrajudiciales no hicieron parte de la política de seguridad democrática del gobierno del expresidente Álvaro Uribe, una afirmación que genera polémica entre organizaciones de víctimas.
“Lo otro que arroja esta decisión que expedimos hoy es que el texto de la política de seguridad democrática no tenía y no consignaba la política de conteo de cuerpos”, aseguró la magistrada Díaz.
Y agregó que la política de seguridad se refería a la vigencia del Estado de derecho en todo el territorio nacional, pero “no decía que el éxito se medía en bajas, al contrario, decía que son indicadores las bajas, las capturas , las desmovilizaciones y la recuperación del material de guerra”.
Ante estas declaraciones, la Comisión Colombiana de Juristas emitió un comunicado que expresa su preocupación al señalar que, “parecería sugerirse, de manera contradictoria y prematura, que dicha práctica no hizo parte de una política gubernamental en su momento”.
De acuerdo con la CCJ, “todo lo investigado hasta ahora indica que, por el contrario, existió un diseño institucional que favoreció la comisión de las conductas criminales, y que bajo ese diseño institucional se expidieron decretos y circulares, como la Directiva Permanente 017 de 1996 del Ejército, desarrollada por la Circular 6262 del 1999, o la Directiva 029 de 2005 del Ministerio de Defensa, que la propia JEP ha reconocido que catapultaron la comisión de desapariciones y asesinatos de civiles”.
La Comisión reafirmó que durante el periodo de la política de seguridad democrática, estas normas se convirtieron en órdenes de los generales que impusieron la política de “control de cuerpos”, pero, además, premiaron y condecoraron a quienes cumplían esta política con diferentes beneficios.