Cañón del Micay, en el Cauca, el talón de Aquiles de la Paz Total

“¡Váyanse!”. El grito de la turba enardecida resonó en una montaña plagada de cultivos de hoja de coca en un enclave guerrillero de Colombia. En la cima, decenas de militares se replegaron en un conflicto que resquebraja la apuesta de paz del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Las montañas del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, se han transformado en un micro-Estado, bajo el mando de guerrillas enfrentadas entre sí y en guerra contra el Ejército Nacional. En el medio, los campesinos sufren la violencia y el abandono estatal.

“Tenemos miedo, temor, desesperación, desesperanza, tristeza. Eso es lo que tenemos en el corazón”, dijo una líder de 67 años quien no quiso revelar su identidad por motivos de seguridad.

Desde octubre de 2024 militares y policías han intentado, sin éxito, tomar el control de una de las regiones con más narcocultivos de Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo.

La ofensiva ‘Perseo’ sufrió un duro golpe recientemente cuando 29 uniformados fueron retenidos por pobladores tras intensos choques que dejaron tanquetas incendiadas y casas baleadas. Unos días más tarde, cinco soldados murieron por un ataque guerrillero con explosivos.

Los habitantes alegaron que las maniobras militares solo traen más muertos y claman por un Estado que remedie la falta de educación, salud y servicios básicos.

Otros, en voz baja, confesaron hastiados que son movilizados bajo órdenes de disidentes del Estado Mayor Central, la organización más poderosa en la región.

Los rebeldes que rechazaron el acuerdo de paz con las Farc en 2016 operan a la vista de todos. De civil o de camuflado, vigilan con fusil en mano en improvisados puestos de control. También prohíben el consumo de cocaína y en ocasiones de alcohol.

Desencantados del Gobierno de Gustavo Petro, algunos pobladores han solicitado no erradicar el sustento de miles de familias cocaleras en esta región del Cauca, el departamento donde el mandatario izquierdista recibió en 2022 un respaldo apabullante con el 81% de votos.

“Se suponía que era el Gobierno del cambio y mire cómo nos ataca, nos trae es guerra. En vez de llegar a nuestro territorio con inversiones (...) llega es a atacarnos”, dijo un líder campesino y recolector de 37 años, que pidió anonimato.

“Decepcionados”

Los inagotables narcocultivos lucían desolados durante la visita de la AFP. Quienes suelen deshojar el paisaje sin descanso estaban consagrados a expulsar al Ejército, con una logística meticulosa de cientos de participantes divididos en tareas de alimentación, transporte, hospedaje y masivas romerías hasta los puestos militares.

Petro indicó que los pobladores son “instrumentalizados” por grupos armados al margen de la ley que operan en la región.

“Lo que piensa el Gobierno en el Cañón del Micay no es quemar ranchos, (...) no es fumigar campos (...) Es transformar la economía por una que haga progresar. Y le pedimos al campesinado del Micay que nos ayude, que no ayude al traqueto”, dijo el Mandatario en una reciente intervención.

“La mayoría quiere ayudarnos, votaron por nosotros, no los vamos a traicionar”, insistió. En la zona todavía hay 1500 militares y policías.

El sábado 15 de marzo a medianoche, los pobladores despertaron espantados por comentarios de un posible bombardeo.

La alerta: un ruidoso sobrevuelo seguido de un estruendo similar al de un bombazo. Según los habitantes, hubo una explosión en una zona deshabitada, lo que consideran una estrategia militar de “guerra psicológica”.

“Teníamos una gran esperanza que este presidente nos iba a cambiar la vida o iba a ser un apoyo. Fue todo lo contrario. Hoy nos sentimos decepcionados”, lamentó una mujer afrodescendiente.

“Si no quiere que no haya inversión social, qué no haya nada. Pero que nos dejen vivir tranquilos”, clamó.

Prosperidad y miedo

La guerrilla del ELN y otra disidencia de las Farc acechan también por el control de las plantaciones y su transformación en pasta base para la cocaína.

Los narcocultivos se quintuplicaron en Cauca en los últimos diez años, con 31.844 hectáreas en 2023, según la ONU.

La violencia se ha extendido en el país y pone en jaque la Paz Total, apuesta de Petro para desactivar seis décadas de conflicto interno armado en Colombia.

A partir de la bonanza cocalera y el oro ilegal, las comunidades indicaron que mejoraron los caminos, dotaron las escuelas y compraron ambulancias a partir de colectas.

En puntos de control, los guerrilleros exigen una acreditación expedida localmente, renovable cada año y que funciona como permiso para estar en la zona, además otros carnets permiten usar las ambulancias.

Agricultores, prostitutas y mineros ilegales viajan con su identificación en camionetas de placas ocultas por carreteras desvencijadas.

Para la investigadora Juana Cabezas del Instituto para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, “Colombia no volvió a los viejos tiempos” del conflicto ni tiene “los peores índices de violencia”.

Lo que sí afirmó es que hay una “reconfiguración armada” marcada por una fractura de las organizaciones desde el desarme de las Farc en 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz.

La fragmentación de los grupos también dividió familias y antiguos amigos. Ahora los pobladores evitan visitar pueblos vecinos, ya que los forasteros son sospechosos.

“Nuestros sueños están frustrados (...) lo único que nos queda es la muerte”, aseguró la líder afrocolombiana, viuda tras el asesinato de su esposo.

Ante estos hechos, las mismas comunidades se han unido para expulsar a los grupos ilegales, como sucedió en Toribío la semana anterior.

“Ahora la propuesta de la comunidad es contundente, cuidar el territorio por encima de todo, cada comunero y comunera debe aportar en la expulsión de los actores armados, porque con este hecho se confirma que nuestro municipio es el escenario de esta guerra y debemos cuidar nuestros resguardos”, expresaron las autoridades indígenas luego de un hostigamiento entre el frente Dagoberto Ramos de las Farc y el frente 57 Yair Bermúdez.

Fuerza Pública, en la región

El nuevo ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, aseguró en que responderá con “toda la fuerza” a las amenazas de la guerrilla ELN de emprender una “guerra total”, aunque reconoce un debilitamiento de la Fuerza Pública.

Recién investido en el cargo el 3 de marzo, el general en retiro de la Fuerza Aérea se convirtió en el primer militar que asume la jefatura de esta cartera desde la Constitución de 1991.

Paradójicamente, el presidente Gustavo Petro, quien en su juventud perteneció a una guerrilla, le asignó la misión de recuperar la seguridad cuando el país atraviesa la peor crisis de violencia tras el desarme de la guerrilla Farc en 2017.

Sánchez colgó el uniforme para ser ministro y encuentra un país incendiado con dos grandes focos:

La región de Catatumbo en la frontera con Venezuela, donde el Ejército de Liberación Nacional, ELN, asesinó a decenas de personas en enero, y el Cañón del Micay, en el departamento del Cauca, una zona cocalera en la que disidentes de las Farc y campesinos que se resisten a la entrada de la Fuerza Pública en el enclave que se disputan diferentes grupos al margen de la ley.