Consultas populares: varias lecturas

La experiencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en Colombia ha sido diversa. Desde la Constitución de 1991, hemos tenido a nivel nacional un referendo, un plebiscito y una consulta popular. Petro ha propuesto nuevamente esta última modalidad.

En 2003, un año después de haber asumido Álvaro Uribe la Presidencia, se realizó la votación del referendo que él propuso con 15 artículos de reformas políticas y pensionales. En el Senado participé en las deliberaciones de esa iniciativa, y desde antes de convocarla se puso a pensar al país sobre sus temas de reforma constitucional encaminados a fortalecer el sistema democrático y aumentar fondos para salud y educación, entre otros. La diversidad de los textos y la limitada campaña de divulgación impidió que la mayoría de las propuestas lograra el umbral para su aprobación y solo una fue adoptada: la ‘muerte’ política para los corruptos.

En el Plebiscito de 2016, el gobierno consultó sobre el Acuerdo de Paz con las Farc y con alta participación ganó el ‘No’ con un 50,21 % de los votos. No obstante, el resultado, Juan Manuel Santos renegoció asuntos puntuales del acuerdo y lo presentó a aprobación por el Congreso, lo que generó críticas sobre la legitimidad del proceso y polarizó aún más la política.

En el 2018, la consulta impulsada por Claudia López y Alianza Verde buscaba medidas contra la corrupción, reducción del salario de los congresistas y contratación transparente. Críticos argumentan que fue una oportunidad para hacer proselitismo y una campaña personalista para ganar visibilidad en su primer intento presidencial y más tarde para la Alcaldía. Si bien tuvo respaldo, no alcanzó el umbral del 33,3 % del censo electoral.

La consulta popular anunciada por el Gobierno Petro se referirá a temas sociales ‘bloqueados’ en el Congreso y así poderlos legitimar. Postura que ha sido discutida pues, antes que obstrucción, lo evidente ha sido la falta de diálogo y de consenso para debates amplios que permitieran construir leyes sobre acuerdos nacionales donde senadores y representantes han expresado preocupaciones fundamentadas sobre los nefastos impactos de las reformas.

Más allá de esto, la consulta ha activado campañas partidistas e ideológicas con miras al 2026. La evidencia está en que, sin conocer las preguntas, ya se producen movimientos y alianzas políticas de todo tipo sin ocultar su enfoque electoral. La proximidad de unos comicios nacionales, que se anuncian polarizados, hace que la consulta se convierta en un foco de controversia que podría influir de forma negativa en la dinámica electoral y en la gobernabilidad. Asimismo, intensifica las divisiones entre sectores políticos y sociales, lo que sin duda aumenta la desconfianza hacia instituciones y líderes políticos, debido a que los votantes tienden a ver a los opositores como enemigos en lugar de adversarios legítimos. Y facilita la desinformación porque los electores buscan información que confirme sus creencias y rechazan perspectivas distintas.

Otros riesgos de la consulta son que la discusión sobre problemas y soluciones pase a segundo plano y se eludan decisiones basadas en información y diagnósticos detallados sobre temas técnicos de alto impacto en la vida de todos. No en vano, analistas sobre la democracia han advertido que este tipo de convocatorias, si bien permitirían empoderar al ciudadano y promover la participación, pueden simplificar temas que requieren un debate minucioso.

La consulta presenta retos por sus costos y tiempos, y debemos recordar que el Senado es el facultado para dar el visto bueno antes de convocarla. En todo caso, el reto de los sectores políticos es promover la conciencia cívica para que cada persona entienda la naturaleza de su voto en una consulta y asegurar la deliberación amplia para que la gente se informe y pueda decidir sobre los temas. Viene una prueba determinante para nuestro sistema político, en la que la historia medirá si los ciudadanos y sus líderes, en el Gobierno, el Congreso y los partidos, actuarán con la responsabilidad y madurez que demanda la democracia o se moverán solo por una competencia electoral.