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Resulta doloroso, para citar tan solo un ejemplo, que todavía tengan cabida voces que niegan la ocurrencia de los falsos positivos, minimicen su impacto en términos de vidas que se truncaron...

11 de marzo de 2025 Por: Diego Arias
Diego Arias, columnista
Diego Arias, columnista | Foto: El País

El nuestro, además de ser un conflicto violento que se ha extendido en el tiempo y en el territorio, tiene la dolorosa característica de ser profundamente degradado. Cualquier límite concebido, como el Derecho Internacional Humanitario (DIH), para evitar los desbordamientos que conducen a la crueldad y la barbarie ha sido traspasado una y otra vez por los actores en contienda, esto es, tanto por los distintos grupos ilegales, llámense paramilitares, guerrillas o disidencias como, en no pocas ocasiones, por el propio Estado.

Que los ilegales apelen a repertorios de violencia que afectan la esencia de la dignidad humana será algo siempre condenable. Pero las circunstancias en las que es el propio Estado el que incurre en prácticas ilegales y de inhumanidad es algo que, además de repudiable, no admite ninguna justificación.

El Estado es la expresión jurídico-administrativa que nos permite tener una vida armónica en sociedad. Supone el otorgamiento de facultades y competencias únicas, como el uso legítimo y exclusivo de la fuerza y esa confianza que depositan los ciudadanos en ese Estado es gravemente traicionada cuando su accionar se ubica por fuera de las normas, la constitución y la ley.

Hay un largo listado de esas conductas ilegales que han violentado la dignidad humana de innumerables compatriotas, lo cual ha ocurrido a lo largo de nuestra historia, en distintos contextos, pero particularmente en el del llamado conflicto armado, con prácticas como la tortura, la desaparición forzada, las detenciones ilegales o las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como los falsos positivos.

Y resulta admirable, por decir lo menos, que en medio de esos contextos tan complejos y amenazantes, con muy poco reconocimiento estatal y falta de garantías, un valiente grupo de personas se hayan aplicado a la durísima tarea de dar a conocer estos graves hechos, rodeando a víctimas y familiares con su solidaridad, acompañándoles en la búsqueda de la verdad y luchando porque no exista impunidad y los responsables (tanto perpetradores como determinadores) comparezcan ante la justicia.

Una de esas organizaciones es el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) que ha llegado a sus 20 años de labores y que, a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Dignidad de las Víctimas de Crímenes de Estado que tuvo lugar hace pocos días (6 de marzo de 2025), instaló una conversación nacional alrededor del ‘negacionismo’, que pretende desconocer la existencia de esa realidad.

Resulta doloroso, para citar tan solo un ejemplo, que todavía tengan cabida voces que niegan la ocurrencia de los falsos positivos, minimicen su impacto en términos de vidas que se truncaron (más allá de un número o una cifra) y desconozcan e incluso ridiculicen la tarea de madres, padres, hermanos, hijos y familiares que tienen todo el derecho de reclamar por la verdad y que se haga justicia.

Igualmente, es perturbador escuchar el ‘por algo será’ para justificar lo injustificable.

Pero han ocurrido otras circunstancias como la de haber negado la realidad en Colombia de un conflicto armado y, en consecuencia, la existencia de víctimas de ese conflicto, lo cual fue superado política y jurídicamente con la expedición de la que es conocida como la Ley 1448 de 2011.

El origen de todos los negacionismos es no reconocernos en nuestra humanidad compartida. Cada vez que se desconoce la condición de semejante a otro ser humano, las personas y las sociedades se dan permiso para cometer las peores atrocidades. Los ejemplos abundan.

Lo que hace el Movice, en medio de la indiferencia de una parte de la sociedad, es un asunto de dignidad humana. ¡Todo el reconocimiento a su labor!

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