Impacto del Gasto Público

¿Cuál es el impacto del gasto público en el país? ¿Cuáles son los resultados de los múltiples planes, programas y proyectos de las entidades estatales? La rendición de cuentas que hoy se exige a muchos funcionarios públicos, ¿es suficiente para evaluar la relevancia, transparencia y eficacia de su gestión?

La medición más generalizada del impacto del gasto es de carácter cuantitativo y fiscal. A nivel macro, lo que preocupa es el déficit fiscal; a nivel de entidades, es la ejecución presupuestal lo que se mira. Un funcionario eficiente es el que ejecuta todo el presupuesto que le asignaron, y un funcionario ejemplar es el que cumple todas las normas como ordenador del gasto. Casi nunca se analiza en qué y para qué se gastó, ni mucho menos el impacto de los recursos utilizados.

En Colombia se usa poco la evaluación por resultados. El libro Compromisos Incumplidos de Fernando Rojas, un caleño que es autoridad internacional en la materia, hace un diagnóstico completo de las falencias del monitoreo y la evaluación (M&E) del impacto del gasto público en el país y propone una estrategia para mejorarlo.

No es que en Colombia no haya normas y procedimientos de evaluación. Por el contrario, el libro analiza cinco entidades que tienen obligación legal de hacer M&E del gasto público: el Departamento de la Función Pública, la Planeación Nacional, el Ministerio de Hacienda, la Contraloría y la Procuraduría. Entre todos tienen 15 sistemas de M&E, cada uno con extensos formularios y requerimientos de información a las entidades vigiladas. De poco han servido para mejorar los resultados del gasto.

El primer requisito para evaluar el impacto es tener total claridad sobre el qué y el cómo: saber qué se debe medir y cuáles son las métricas o los indicadores de esa medición. Sin esta claridad, ni los auditores saben qué deben revisar, ni los funcionarios conocen la vara con que serán medidos.

Lo que debe definir que se mide en el sector público son los objetivos del Estado y la contribución de cada entidad a esos objetivos; la Constitución los establece claramente: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución” (Art. 2).

Medir el impacto del gasto significa evaluar si está contribuyendo al “bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población”. Con base en este objetivo se deben construir los indicadores de evaluación de todas las entidades públicas, que deben ser conocidos y apropiados por todos los funcionarios de cada entidad. El M&E del impacto debe empezar por la autoevaluación.

Importante que la sociedad civil sea parte activa en el M&E del impacto del gasto. Para ello es necesario que haya centros de pensamiento que discutan las políticas públicas del gasto, y analicen las evaluaciones oficiales del impacto, así como universidades que preparen especialistas en esta novedosa disciplina.

Son muchas más las propuestas del libro, imposibles de resumir en este espacio.