Cali, Distrito Especial

A partir de esta semana, la capital del Valle será la séptima ciudad de Colombia que tiene la categoría de Distrito Especial. Si bien esa categoría tiene sus ventajas y virtudes, ellas dependerán de que las autoridades de Cali y sus entidades de representación popular hagan un buen uso de sus atribuciones para darle a la Administración Municipal el cambio, la transparencia y la agilidad que necesitan Cali y sus habitantes.

La designación es producto de una ley de la República sancionada el pasado jueves por el presidente Juan Manuel Santos. Tal categoría significa, entre otras muchas cosas, el acceso más expedito a recursos de orden nacional, la posibilidad de manejar con mayor independencia las trasferencias y decisiones que se originan en el Gobierno Nacional, y la posibilidad de gestionar con autonomía la realización de eventos e iniciativas hasta ahora limitadas por el régimen tradicional.

Pero también significará una transformación profunda en la administración municipal. La norma recién sancionada implica abandonar el sistema de comunas que hasta ahora rige en la ciudad, pasando a la creación de localidades que a su vez tendrán alcaldes menores elegidos de ternas presentadas por las Juntas Administradoras Locales, JAL, que a su vez deberán realizar asambleas públicas para elegir los aspirantes.

Aunque tendrán la dependencia del Alcalde distrital o mayor, el que hasta ahora es elegido por toda la ciudad, esas localidades serán administradas por la JAL y el respectivo alcalde menor y tendrán autonomía para disponer de recursos y aplicarlos a proyectos de su incumbencia. Es, en apariencia, la inobjetable profundización en la administración de los recursos públicos y su dirección para satisfacer necesidades cercanas a los ciudadanos, las que hoy deben esperar el visto bueno de los gobiernos centrales.

Sin embargo, el hecho de que la reestructuración deba ser definida en los próximos doce meses por el Concejo Municipal, a partir de una propuesta de la Alcaldía, crea desde ya suspicacias que deben ser respondidas de frente a la ciudadanía y no en los recintos cerrados y entre los grupos políticos. La primera es el grave riesgo de que la politiquería y el clientelismo se apoderen de las nuevas dependencias, atomicen la administración y desajusten la acción de los entes territoriales que deben beneficiar a los ciudadanos.

La segunda es el riesgo de desarticular el manejo de la Hacienda Municipal, que tendrá un gran impacto y se reflejará en los impuestos que pagan los caleños. Las otras tienen que ver con la coordinación para precisar el campo de acción de entidades como Emcali, las redes de salud y educación públicas y, algo neurálgico, la seguridad que debe garantizarse a toda la ciudad.

Esas son algunas de las luces y las sombras que se le aparecen a Cali en los pasos que deberá dar para poner en operación plena su carácter de Distrito Especial, lograr sus ventajas, impedir los riesgos del clientelismo, y no dejarlo como mero enunciado a la manera de lo que ocurre en Buenaventura. Ese es el desafío que deberán enfrentar el Alcalde actual y quien resulte elegido en octubre del 2019.