Un año de la fiscal Camargo

Pasado un año ya desde que Luz Adriana Camargo fue elegida como fiscal general de la Nación, es válido hacer un análisis de cómo ha venido operando el ente acusador bajo su guía, dada la importancia que esta entidad tiene para garantizarles a los colombianos el derecho constitucional a obtener la aplicación de pronta y cumplida justicia.

Y resulta que parte de ese derecho pasa porque los ciudadanos tengan la certeza de que quienes han cometido graves delitos contra el erario serán sometidos a una investigación eficaz, en términos de legalidad y de rapidez, de manera que sean castigados de acuerdo con la severidad que ordena la ley, y que ello sirva de escarmiento para que la corrupción deje de proliferar en el país.

Ahora bien, pareciera que durante la gestión de la actual Fiscal General se ha priorizado que los procesos se ejecuten a partir de pruebas sólidas, y así debe ser. Pero el otro componente, el de la celeridad de las investigaciones, es igualmente importante, no para subir los indicadores de resultados, como se le ha criticado en anteriores ocasiones al ente acusador, sino porque la ciudadanía necesita tener la certeza de que en Colombia la Justicia sí actúa tanto en los casos privados como en los que involucran a funcionarios del orden local o nacional.

Y es allí donde los colombianos esperan, por ejemplo, que el proceso que se sigue por la “organización criminal” que la Fiscalía General asegura haber detectado en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Ungrd, no se agote en los titulares de prensa que lo sacaron a la luz pública, sino que termine con una condena ejemplarizante para todas las personas a las que se les compruebe que participaron en las anomalías encontradas en esa dependencia.

Está bien que el ente acusador recurra a mecanismos consagrados en la legislación nacional, como el principio de oportunidad o los preacuerdos con quienes confiesen la comisión de un delito, pero lo inaceptable es que esas estrategias contribuyan o sean utilizadas para alargar las investigaciones por años y años, hasta que las mismas desaparecen de la memoria colectiva de los colombianos.

De ahí la urgencia de que el caso de la Ungrd se resuelva lo más pronto posible, así como el proceso que se le sigue al hijo mayor del Presidente de la República por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, del que apenas se están llevando a cabo las audiencias preparatorias del juicio, pese a las graves implicaciones que podría tener incluso para el Jefe de Estado, dado que meses atrás el propio acusado habló del ingreso de dineros a la campaña que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño que no fueron reportados ante las autoridades electorales.

Así, lo que el país espera de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo es que, respetando el debido proceso de todos los involucrados, no permita que las dilaciones sin fundamento sean el común denominador de investigaciones de las que los colombianos siguen pendientes, como el contrato firmado entre el Mintic y Centros Poblados o los 38 congresistas que habrían pedido puestos para recomendados suyos en la Dian y la Policía Fiscal y Aduanera.