El colapso de la salud

Filas interminables, ancianos sentados en los andenes esperando un turno, cientos de usuarios aguantando las inclemencias del sol o la lluvia desde la madrugada, bloqueos a las vías como forma de protesta. Las imágenes que dejó Cali esta semana que termina, son pruebas fehacientes de la crisis a la que se ha sometido el sistema de salud colombiano. Las soluciones, que parecen lejanas, no pasan por recurrir a la palabrería o por transgredir los límites del poder.

Los problemas que se evidencian por estos días en la capital del Valle, como en otras ciudades del país, no son de ahora. Se vienen gestando desde hace años por diversos factores, entre ellos el endeudamiento de las EPS con la red de clínicas, hospitales y prestadores de servicios de salud, los manejos administrativos irregulares y decisiones estatales que en nada han contribuido a las soluciones.

Así se fue llevando al abismo a un sistema que tuvo buenas intenciones y el indiscutible logro de permitir el acceso a la salud a la mayoría de los colombianos, ya fuera a través del régimen contributivo o del subsidiado que aún hoy atiende a la población más vulnerable de la Nación.

No hay discusión en la necesidad de hacer una transformación que permita subsanar los errores y garantizar un servicio oportuno y de calidad a todos los ciudadanos. Lo que no puede suceder es que, como parece ser el objetivo actual, se pretenda llevar el sistema hasta el fondo del abismo para obligar a una reforma que acabe de raíz con lo construido, desconociendo las bondades que, sin duda, se mantienen.

Como se ha demostrado, las intervenciones del Gobierno Nacional a la mayoría de Entidades Promotoras de Salud, EPS, incluida la Nueva EPS que es de origen estatal, no han dado los resultados esperados. Mientras el Presidente de la República repite las acusaciones contra los anteriores administradores, no hay soluciones de fondo planteadas.

Más bien pareciera que el objetivo de esas intervenciones es provocar el colapso del sistema, para excusar la imposición de una reforma a la salud que, como lo han expresado diversos sectores, sigue sin someterse a un consenso, que permita construir sobre los cimientos levantados.

La falta de dispensación de medicamentos, la lentitud en el agendamiento de citas, la cancelación de cirugías o las largas esperas para tratamientos especializados son muestras del fracaso en el que ha incurrido el actual Gobierno Nacional, que en casi tres años no ha logrado encontrar la salida definitiva.

Los pendientes empiezan por pagar las deudas, aumentar el valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, como lo ordenó la Corte Constitucional, o por sentarse con los gremios de la salud y los pacientes, para llegar a puntos de encuentro sobre la reforma.

No es con vociferaciones, amenazas de allanamientos a las bodegas de los dispensarios o intervenciones a las farmacéuticas, ni mucho menos pasando por encima del Estado de Derecho que caracteriza a una sociedad democrática como lo es Colombia, como se le pondrá freno a la crisis que hoy vive la salud.