Nunca es tarde

Siete años después de adjudicada la Vía Mulaló Loboguerrero que acortará en una hora la distancia entre Cali y Buenaventura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, le dio vía libre al proyecto. Ahora se debe agilizar el proceso para que una de las obras más importantes para el Valle y Colombia como acceso a su principal puerto sobre el Pacífico comience sin más demoras.

Luego del respectivo proceso licitatorio y tras presentar algún retraso debido a un concepto de riesgos geológicos en el trazado inicial, el 5 de diciembre de 2014 el Gobierno Nacional le entregó a la Concesionaria Covimar la realización de uno de los primeros proyectos 4G que se harían en el país. El tiempo estipulado entonces para desarrollar las obras se calculó en cinco años, que pasaron de largo sin que se construyera el primer metro por las trabas que se presentaron con la licencia ambiental.

Si bien la primera radicación de los estudios de impacto ambiental se presentó en agosto de 2017, la Anla pidió información adicional que fue presentada por el concesionario en abril del 2018. Dieciséis meses más se demoró la autoridad ambiental en dar respuesta, exigiendo complementar los datos entregados, lo que el adjudicatario cumplió en abril de este 2021. Al fin el asunto se resolvió y la respuesta llegó ayer, como era de esperar, otorgando los permisos necesarios para realizar un proyecto necesario para el país.

Siete años duró la Anla para constatar que la vía no producía el cataclismo ambiental que anunciaron sus detractores. Desde que se realizó el trazado de la carretera quedaron en evidencia las ventajas que conlleva esa nueva vía: el tiempo del viaje entre Cali y Buenaventura se reduce en una hora, ahorra 31,6 kilómetros de recorrido y se evitan los riesgos y las demoras por el tráfico en la carretera que sale de la capital del Valle, sube por Dagua y llega a Loboguerrero. Es un ahorro importantísimo que además reduce el consumo de combustible, por lo cual no se puede perder más el tiempo.

Ahora hay que ver hasta dónde se afectó el proyecto con un trámite que pudo resolverse en menos tiempo si existiera la voluntad. Se debe recordar que en principio el valor adjudicado fue por 1,1 billones de pesos, a diciembre de 2020 ya iba en 1,95 billones de pesos y deberá adaptarse a los costos del 2021, incluidos los repetitivos estudios exigidos por la Anla. Ello implicará una negociación entre el Estado y el contratista para ajustar las finanzas sin que ninguna de las partes sea perjudicada pero con la decisión de sacarla adelante en el menor tiempo posible.

La obra significa también traer más inversión y generar empleo, algo más que urgente para superar la crisis dejada por la pandemia. Y brindar una alternativa para conectar al Océano Pacífico con el Valle, evitando los problemas que presenta la carretera al mar, construida hace ochenta años.

A pesar de la inexplicable demora en agotar un trámite que pudo acortarse si existiera la voluntad del Estado, hoy debe decirse que nunca es tarde para cumplir con el compromiso que el centralismo adquirió hace siete años con el Valle.