Los problemas que esperan atención del Gobierno Nacional y que quedaron ocultos por la crisis ministerial

Un coctel de problemas aguardan la intervención del Gobierno Nacional, mientras el presidente Gustavo Petro se fue de gira a Emiratos Árabes para hablar de inteligencia artificial y sigue sin terminar de nombrar a su gabinete, tras el último ‘remezón’.

La salud, la seguridad, el eventual cierre de oenegés y la falta de avances en la implementación del Acuerdo de Paz generan un halo de incertidumbre entre los colombianos, quienes siguen a la espera de respuestas de la Casa de Nariño.

“Frente al sistema de salud se podría hacer la analogía de que es un paciente con una enfermedad terminal al cual hay que estarle dando medicinas para que no se muera, pero el Gobierno ha dejado de dárselas”, analiza Juan Camilo Vanegas, director de la Escuela de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad San Buenaventura.

Un llamado en ese sentido hizo Pacientes Colombia, organización que agrupa a 199 entidades del país, al denunciar el incumplimiento del Ministerio de Salud frente a los autos de la Corte Constitucional en los que se ordenó el reajuste a la Unidad de Pago por Capitación, UPC, para garantizar la suficiencia de recursos para el sector.

Vanegas reconoce que, aunque es necesario realizar una transformación del sistema, debido a que actualmente no está estructurado de una forma que resulte sostenible y que pueda cubrir las necesidades de los ciudadanos, al Mandatario colombiano no le ha prosperado la reforma a la salud y el Gobierno ha dejado de atender las falencias que tiene el sistema.

Solo en el Valle del Cauca, la deuda acumulada con la red pública y privada asciende a $ 3,5 billones, generando que clínicas y hospitales se vean obligados a dejar de prestar servicios básicos, situación que ha llevado tanto a este, como a otros departamentos, a buscar soluciones para garantizar la atención de los pacientes.

“No solo hay problemas de financiación derivados del pobre incremento de la UPC para 2025 y deudas de vigencias pasadas, también hay media docena de medicamentos desabastecidos y otros tantos en riesgo de desabastecimiento. Adicionalmente, hay centenares de clínicas y hospitales que enfrentan problemas de caja agravados por las diferentes intervenciones del Gobierno sobre EPS, que han causado tanto el deterioro de indicadores como demoras en el servicio que incrementaron el número de tutelas durante 2024″, explica el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.

Para Alfredo Mondragón, representante a la Cámara del Pacto Histórico, “el país sigue padeciendo los rigores del actual sistema de salud, que lleva 30 años y que el Congreso no ha querido reformar de manera real. Sigue un esquema de EPS públicas y privadas de intermediación de los recursos que ha llevado a la quiebra a los prestadores durante años. Es decir, es un sistema inviable, que permite sobrecostos y corrupción y provoca el no pago oportuno a los prestadores. Hay que cambiarlo”.

La crisis en el Catatumbo

Aunque el Ejecutivo ha emitido decretos para crear impuestos a la venta de petróleo y carbón y a trámites notariales como fuente de financiamiento de las medidas ordenadas en medio del estado de conmoción por la crisis de seguridad y humanitaria del Catatumbo, las fuentes consultadas coinciden es que todavía no se han tomado decisiones contundentes.

“Al Gobierno se le ha salido de las manos la situación con los desplazados que están llegando al resto del Norte de Santander, la situación humanitaria es crítica, y en ese frente es donde se requiere una actuación inmediata, pero es precisamente donde más falencias parecen evidenciarse”, comenta Juan Nicolás Garzón, profesor de la Universidad de La Sabana.

Recuerda que el Ejecutivo sacó una declaración de estado emergencia para centrar sus esfuerzos en esa región, pero, debido al “desafortunado” consejo de ministros, este terminó llevándose todo el protagonismo y “opacó algo tan importante como eran los nueve decretos que se debían sacar para atender efectivamente la crisis. Se ha fallado sistemáticamente”.

De hecho, el pasado martes se desarrolló una plenaria del Senado en la que se analizó el informe de la Comisión Accidental creada por esa corporación para determinar si hay lugar o no a la declaratoria del estado de conmoción, pero ningún ministro acudió a la sesión.

La inasistencia se dio en medio de las renuncias derivadas del consejo de ministros televisado por el Presidente. No obstante, para los senadores, a excepción del entonces jefe de la cartera de Interior, Juan Fernando Cristo, a quien se le había aceptado su dimisión, todos los demás miembros del gabinete tenían la obligación de participar en el debate.

En opinión de Mondragón, “es importante que se estén conteniendo acciones militares de grupos criminales contra la población, pero las decisiones estructurales que pueden destruir realmente el dominio y el control territorial de organizaciones armadas serán de más largo plazo: la intervención del Estado para dotar de infraestructura, estimular dinámicas económicas y políticas sociales consistentes”.

¿Y la implementación del Acuerdo?

En lo que va del 2025 se ha reportado el asesinato de diez firmantes de Paz, principalmente en el Cauca y Norte de Santander. Además, la Agencia para la Reincorporación y Normalización está atendiendo más de 57 alertas tempranas para salvaguardar la vida de exmiembros de las Farc y sus familias.

“Salvo en la entrega de tierras, donde el Ejecutivo ha hecho un esfuerzo importante, en las demás aristas que tienen que ver con la implementación del Acuerdo de Paz no ha habido cumplido, pese a que la gran promesa de Petro como candidato fue la de atenderlo”, anota Vanegas.

Y añade que “la sustitución de cultivos, los proyectos productivos y la incapacidad de esta Administración para ejecutar, en el marco del desconocimiento y la falta de experiencia, ha cobrado caro en términos del cumplir con lo pactado”.

A su vez, Garzón cuenta que “las últimas acciones realizadas por el Gobierno fueron las de haber denunciado internacionalmente que el Acuerdo no estaba siendo aplicado y que por esa razón se verían en la necesidad de extender el plazo de algunas iniciativas, al punto de hablar de una asamblea constituyente, que terminó siendo una propuesta que quedó en el aire”.

Desmantelamiento de Usaid

El congelamiento de la ayuda económica de Washington para la Agencia Estadounidense de Ayuda al Desarrollo, Usaid, ha empezado a pasar factura a diferentes oenegés en América Latina, que han tenido que cerrar o despedir colaboradores, especialmente en Colombia, adonde la organización había destinado alrededor del 25 % de los recursos de la región.

Lo anterior “da cuenta del deterioro de las relaciones entre Bogotá y Washington, con un Petro que no gusta en la Casa Blanca y un Donald Trump que duda del compromiso de Colombia con la lucha contra el narcotráfico. Por lo tanto, es evidente que, en lo que resta del Gobierno, nuestros aliados continuarán recortando ayudas tanto militares como al desarrollo, lo que agravará problemas de orden público y sociales que podrían haberse evitado con un manejo más responsable de la diplomacia de nuestro país”, analiza el senador Motoa.

Por ejemplo, en Bucaramanga, el impacto fue casi inmediato. La fundación Entre Dos Tierras, que ayuda a personas sin hogar y a migrantes, en su mayoría venezolanos, debió cerrar. Estaba financiada casi 80 % por Usaid, empleaba a 16 personas y distribuía unas 600 comidas cada día.

“El desmantelamiento de Usaid es sumamente complicado para Colombia, porque cerca del 70 % de la financiación de proyectos de cooperación internacional que se ejecutan en el país vienen de ahí. En ese orden de ideas, son proyectos que buscan apuntarle a la construcción de paz, a la diversidad y a todos los diferentes elementos que buscan que tengamos paz dentro del territorio y que atacan las diferentes violencias estructurales, pero ahora no va a haber recursos para este tipo de proyectos”, dice Vanegas.

De otro lado, tras la salida de la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, se instauró una duda más sobre el futuro que tendrá la implementación de la reforma pensional que fue aprobada el año pasado y que deberá a empezar a regir en julio próximo.

Sin embargo, por el momento poco se conocen los avances del Ejecutivo en esa labor, a pesar de que los presidentes de los fondos privados de pensiones han expresado su preocupación por la falta de reglamentación de la reforma, debido a que quedan pendientes varios decretos para saber cómo será la operación práctica de ese cambio. Además, está pendiente que la Corte Constitucional resuelva las demandas instauradas contra el proyecto.