Reforma Pensional: renta básica, ahorro individual y reducción de semanas; estos son los detalles del borrador

El Ministerio del Trabajo publicó este lunes en su página web el borrador del decreto que regula parcialmente la Reforma Pensional, con el objetivo de estructurar el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, para que la ciudadanía realice observaciones o comentarios hasta el 3 de marzo de 2025.

Este nuevo sistema, cuya implementación está prevista para el 1 de julio de 2025, está compuesto por cuatro pilares: solidario, semicontributivo, contributivo y de ahorro individual voluntario.

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, destacó que “la reglamentación de la Reforma Pensional es una realidad y ha contado con la participación de los diferentes actores del Sistema de Protección Integral para la Vejez”.

Asimismo, explicó que el proceso ha sido liderado por varias entidades, entre ellas: los Ministerios de Trabajo, Hacienda, Salud, Colpensiones, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), la Unidad de Reglamentación Fiscal (URF), la Superintendencia Financiera y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), y es resultado de los acuerdos alcanzados en las Mesas Técnicas.

El borrador de este decreto aborda varios aspectos fundamentales, entre ellos, las condiciones de la Renta Básica Solidaria del Pilar Solidario, a cargo del DPS, y la Renta Vitalicia del Pilar Semicontributivo, a cargo de Colpensiones. Estas disposiciones permitirán a los ciudadanos conocer el valor de la renta que recibirán y el procedimiento para su liquidación.

Además, el documento establece las reglas para la afiliación al Sistema y la selección de la Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI). También define los períodos que se tendrán en cuenta para el reconocimiento de las pensiones y señala que, en casos donde los empleadores incumplan con los aportes, la responsabilidad de cobro recaerá en las ACCAI y Colpensiones.

En cuanto al Pilar Contributivo, se regulan dos figuras clave: el Bono Ley 2381, que sirve para conformar el capital con el que Colpensiones pagará la pensión, y la posibilidad de completar las semanas de cotización a través del sistema de equivalencias.

El texto también establece las directrices generales del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, diseñado para fortalecer el ahorro público y colectivo de la Nación, asegurando la sostenibilidad del sistema.

Otro punto relevante es la posibilidad de acceder a una prestación anticipada de vejez para aquellos que, a la edad de jubilación, completen 1.000 semanas de cotización, estableciendo la fórmula para su liquidación, la cual no podrá ser inferior a un salario mínimo legal vigente.

Asimismo, el documento propone la reducción progresiva del número mínimo de semanas exigido para la pensión integral de vejez de las mujeres afiliadas al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común.

En cuanto al seguro previsional, el decreto establece los lineamientos para la cobertura de riesgos de invalidez, muerte e incapacidades temporales, a cargo del Componente de Prima Media, conforme a la Ley 2381 de 2024. La contratación de este seguro se realizará bajo la modalidad de aviso.

Respecto a las comisiones, se plantea una reducción gradual en los aportes de los afiliados al nuevo sistema dentro del componente de ahorro individual. La tarifa inicial del 0.8 % en 2025 disminuirá progresivamente hasta alcanzar el 0 % en un periodo de 20 años.

Finalmente, se estipula una comisión sobre los saldos administrados por las AFP para aquellos que migren del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al nuevo sistema. Esta tarifa comenzará en 0.55%, con incrementos escalonados de 0.05% cada cinco años, lo que representará una reducción cercana al 50% en un lapso de 15 años.

No obstante, el presidente de la Corte Constitucional radicó ponencia de la demanda contra este trámite legislativo, por ende la institución deberá decidir en un plazo de cuatro a cinco semanas si este vicio de trámite puede ser subsanado o, representa una infracción que justifique la devolución del proyecto al Congreso.

*Con información de Colprensa y redacción de El País.