Columnistas
Crisis en el sector energético
La negativa del gobierno de Petro de suscribir nuevos contratos de exploración envía malas señales a los potenciales inversionistas y profundiza el declive de la industria de hidrocarburos en Colombia.

Hay en marcha un proceso de demolición de las estructuras de cuatro sectores clave, como son los de salud, educación, pensiones y seguridad energética. Este proceso se enmarca en el objetivo de cerrarle espacio al sector privado y es, sin duda, ideológico. Lo preocupante es que la política de crear crisis explícitas en varios sectores no viene acompañada de ninguna alternativa viable. A lo largo de su mandato, Petro se ha empeñado en generar crisis simultáneas en diferentes sectores que desembocaron en el caos nacional que estamos padeciendo.
El gobierno impulsa el fin de la industria del petróleo y del carbón para sustituirla por energías renovables, así como toma decisiones que buscan una mayor intervención estatal en la cadena de la energía eléctrica en detrimento del actual marco público-privado que por más de 30 años ha evitado un nuevo apagón. Para lograrlo, ha frenado la nueva exploración de hidrocarburos, ha dificultado la estabilidad en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y ha desatendido los llamados a facilitar y agilizar los trámites y licencias para los nuevos proyectos.
A partir de diciembre pasado, Colombia perdió la autosuficiencia de gas natural al tener que importarlo por primera vez en 45 años. A lo anterior se suma las consecuencias negativas para la industria petrolera nacional, el haber prohibido los nuevos contratos de exploración. Estamos abocados a una ruta de transición energética sin claridad, que ha conducido a un panorama de petróleo, gas y eléctrico lleno de incertidumbre.
La crisis en el sector energético es enorme. No se desembolsan los subsidios a distribuidores de energía eléctrica arriesgando su sostenibilidad. Se tendrá que importar gas natural para satisfacer la demanda de las plantas térmicas, de los hogares y de los autos. Y Ecopetrol con una enorme pérdida de valor económico.
La negativa del gobierno de Petro de suscribir nuevos contratos de exploración envía malas señales a los potenciales inversionistas y profundiza el declive de la industria de hidrocarburos en Colombia. Lo que se requiere es impulsar la nueva exploración que fortalezca la autosuficiencia local. Las inversiones que se necesitan para asegurar la adecuada atención del consumo de energía eléctrica no serán posibles si las señales del gobierno son de hostilidad al capital privado.
Las declaraciones del presidente Petro sobre las tarifas de energía, no solo plantean soluciones equivocadas, sino que aumentan el peligro de un racionamiento. La situación del sector eléctrico es crítica y, de no garantizarse el pago de los subsidios como el ingreso de proyectos con mayor oferta de generación, el país puede verse en riesgo de desabastecimiento. De suceder un apagón en Colombia, la responsabilidad será del gobierno que ha tenido la posibilidad de evitarlo desde hace ya más de dos años y medio.
Si el gobierno no cumple sus compromisos del pago de los subsidios en los estratos 1, 2 y 3, y no cesa en su propósito de intervención del mercado de energía eléctrica de manera desarticulada, debilitando el modelo del sector, es inevitable para los prestadores la interrupción del servicio en las distintas zonas del país.
Hay un debilitamiento de la estructura institucional por cuenta de la fragilidad de la Creg y una intención de cambiar las reglas de juego en el campo tarifario. Amenazar con intervenciones ahuyenta a los capitales, precisamente cuando más se necesitan. El gobierno que se inaugure en el 2026 tendrá la urgencia de superar la profunda crisis energética del presente.
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