Seguridad y más seguridad

Cali está siendo afectada por la criminalidad y necesita respuestas de su gobierno municipal como mandatario de los ciudadanos y responsable de su seguridad. Para ello se requiere del liderazgo que reconoce el problema, plantea soluciones y destina los recursos que se precisan para esa indispensable labor.

Así la Policía sea nacional y aquí se reflejen los males que produce el narcotráfico, es a las autoridades de la ciudad a las que corresponde fijar un norte y escuchar el clamor de los caleños. Las cifras de homicidios y atracos callejeros aumentan en forma vertiginosa, y crímenes como el cometido contra un joven el pasado domingo en el cerro de las Tres Cruces cuando enfrentó a sus asaltantes producen la reacción de una sociedad que con razón está alarmada.

Tal situación reclama la revisión de las políticas adoptadas por el Gobierno Municipal frente a la seguridad que debe ofrecer a cada uno de los habitantes de la ciudad. Es decir, que no se reduzcan la ejecución del presupuesto como sucedió en el 2020 ni se recorten las partidas presupuestales para ese fin, como sucedió en el del 2021. Y que se ejecuten y se amplíen estrategias como el uso intensivo de las cámaras de seguridad para aumentar la capacidad de vigilancia de las calles y la consecuente posibilidad de reaccionar contra los delincuentes.

Ese es un deber de la primera autoridad del municipio que no puede soslayar aduciendo que muchos de los delitos se originan en problemas del orden nacional. Tampoco parece adecuado llamar a crear “Brigadas y Redes de Seguridad ciudadana”, o a “organizarnos a nivel de barrio”, expresiones usadas por el alcalde Jorge Iván Ospina en un tweet, después de recibir la reacción ciudadana contra el asesinato de Jorge Felipe Tobón.

Tampoco es aceptable que el Secretario de Seguridad de Cali le eche la culpa a “la presión migratoria” como causa de la inseguridad en la capital vallecaucana, reclamando del Gobierno nacional medidas para controlar ese éxodo que llega al país, en un ejercicio muy cercano a la xenofobia con la cual se trata de responder a las acusaciones por la falta de medidas para enfrentar el fenómeno. O que proponga “contratar empresas de seguridad privada” para atender lo que es una responsabilidad y un deber indelegable de los funcionarios elegidos o nombrados para cumplir esas funciones.

Con esas propuestas que pueden interpretarse como un incentivo para que la gente apele a la justicia por mano propia, o lo que es peor, una renuncia a la obligación de cumplir los mandatos de la Constitución, no se puede enfrentar la embestida de los atracos y homicidios que se están padeciendo. Tampoco se podrá resolver esa amenaza y lograr el respaldo de la ciudadanía si se siguen desviando recursos indispensables para que la Policía y demás instituciones a las cuales se les entregó el monopolio de las armas puedan actuar con eficacia contra la criminalidad.

Liderazgo, claridad y compromiso de sus gobernantes es lo que necesita Cali y reclaman los caleños para recuperar la seguridad que le están arrebatando los delincuentes, no importa su origen o su nacionalidad.