El panorama para la paz

Transcurridos dos años y medio del gobierno de Gustavo Petro, son más los interrogantes que los logros obtenidos en la Política de Paz Total. Durante este tiempo se han abierto nueve mesas con toda clase de grupos generadores de violencia, sin que se logren avances y sin que la tranquilidad tan anhelada por los colombianos se vislumbre ni siquiera a largo plazo. La deuda con el país sigue vigente.

En el año y medio que le queda de mandato, uno de los principales propósitos del actual Gobierno Nacional debería ser consolidar la que fue una de sus principales promesas de campaña, llevada después a ley de la República. La exigencia ciudadana es la de siempre: que haya una verdadera voluntad de esas organizaciones ilgales para que avancen los diálogos, la cual debe demostrarse con el cese de sus acciones criminales y de las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilícita, de las que nutren sus finanzas.

Tienen razón los colombianos que se muestran escépticos frente a la posibilidad de que se logre la pacificación del país por la vía del diálogo. Esa falta de voluntad de los grupos violentos, unido a los tropiezos que aún tiene el Acuerdo de Paz de 2016, así como la incapacidad del Estado para cumplir con su responsabilidad de ir más adelante de lo logrado tras el desmonte de una parte importante de las Farc, no permite vislumbrar un mejor panorama.

Sin duda, es urgente que la Casa de Nariño se replantee si vale la pena mantener las nueve mesas de negociaciones abiertas o si es mejor priorizar aquellas que por lo menos cuentan con un marco jurídico para respaldar los acuerdos a los que se puedan llegar en el corto plazo que queda antes de que Petro entregue el poder. La experiencia, sin embargo, dice que la búsqueda de la paz puede verse afectada por la proximidad de la campaña presidencial.

El Gobierno debe ajustar los parámetros sobre los que adelanta las conversaciones con esos grupos -entre los que hay organizaciones insurgentes, bandas criminales y delincuencia común-, incluidas las recomendaciones de reforzar la presencia de la Fuerza Pública en las zonas del país más afectadas por la violencia.

Mientras tanto los jefes del ELN, las disidencias de las Farc, las bandas criminales y las nuevas generaciones de paramilitares deben tener claro que la sociedad civil rechaza con vehemencia los métodos violentos que emplean para imponer su dominio en unos territorios y que su deseo de vivir en una Nación pacífica no pasa por permitir que tengan licencia para atentar contra la integridad de compatriotas indefensos ni para causarle daños irreparables al medio ambiente.

Esa misma sociedad civil le exige al Gobierno que se comprometa a fondo, como lo ha prometido varias veces, con avanzar en el Acuerdo del 2016, que incluyó mucho más que llevar a unos guerrilleros a dejar las armas. Sobre todo, contiene el mandato de que el Estado por fin haga presencia en las regiones donde campean la ilegalidad y la violencia y de que, en primer lugar, garantice el Estado de Derecho en toda Colombia.